Que un elemento relacionado con el cuidado del medio ambiente, en este caso el cambio climático, sea parte de la estrategia de competitividad de un empresa es importante, refleja la adaptación de empresarios a una tendencia en materia de consumo que dice relación con preferir aquellos servicios y productos que “cuidan el planeta” y muestra un compromiso de la empresa respecto a los impactos ambientales de su actividad.

Sin embargo, dos preguntas nos dan vuelta en relación a esta “moda”. La primera: ¿Ser “carbono neutral” es realmente cuidar el planeta, aporta a la lucha contra el cambio climático, es un elemento de responsabilidad corporativa?. La segunda: ¿Cómo están desarrollando y verificando las empresas los procesos para llegar a esa neutralidad en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)?.

En relación a la primera pregunta. Cuando una empresa asume el desafío de hacerse cargo de su impacto en el cambio climático debe partir por identificar y dimensionar la cantidad de GEI que produce.Una vez levantada esa huella de carbono, la empresa tiene cuatro opciones: a) transparentar ese número y mostrar a la comunidad cuanto es su impacto en términos de emisiones GEI; b) Iniciar un programa de reducción de emisiones de GEI; c) reducir y compensar el remanente; o d) compensar todas sus emisiones de GEI.

Considerando que son muy pocas las empresas que han llevado adelante un cálculo de sus emisiones de GEI, el sólo hecho de mostrar a la comunidad en forma voluntaria una dimensión importante de los impactos ambientales de su actividad aumenta la transparencia de la compañía.

Un paso más allá es iniciar acciones que signifiquen una reducción permanente de esas emisiones. Con medidas de eficiencia energética, incorporación de fuentes de energía renovables, modificaciones tecnológicas y cambio en los procesos, la empresa puede ir reduciendo su impacto en el calentamiento global. Sin embargo, llegará un momento en que no es posible reducir más y la empresa debe tomar una decisión respecto de ese remanente de GEI, puede ignorarlos o hacerse cargo de ellos. La alternativa que tiene para hacerse cargo es asegurarse que una cantidad equivalente de dióxido de carbono y/u otros GEI es capturado o dejado de emitir en algún lugar del mundo.

Ahora bien, existen empresas que levantan su huella de carbono, transparentan ese proceso y, sin hacer acciones de reducción, compensan esas emisiones. Si bien aquí hay un valor asociado a la transparencia, estas empresas no son más “verdes”. La empresa se hace cargo de sus emisiones comprando créditos de carbono, pero no hay adicionalidad en el esfuerzo mundial por reducir el impacto en el cambio climático. Si esta empresa se muestra a sus consumidores como una empresa “verde” esgrimiendo la compensación de emisiones como argumento sin implementar medidas de reducción, no está siendo del todo honesta.

La segunda inquietud dice relación con credibilidad del procedimiento, es decir, las características y verificaciones que respaldan la declaración de neutralidad. Si bien es un proceso voluntario, esto no significa que no tenga reglas y estándares reconocidos y validados internacionalmente que le dan credibilidad tanto al levantamiento de una huella como a los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio que permiten la compensación (para el levantamiento de huella corporativa el estándar más reconocido es el GHG Protocol y para el levantamiento de una huella de un producto o un servicio la PAS 2050).

En el caso de la compensación, por más que se señale que una alternativa es plantar árboles, la realidad es que para determinar la cantidad de carbono y/o otros GEI que un proyecto captura o que deja de emitir también se deben seguir protocolos y estándares. Para certificar esa reducción de GEI existe un mercado regulado y uno voluntario, ambos exigen a los proyectos cumplir con requisitos cada vez más rigurosos para obtener certificados de reducción de emisiones. Sólo estos proyectos pueden generar créditos transables y trazables, que dan garantías tanto a la empresas como a consumidores respecto a la cantidad de emisiones que se pueden compensar con ellos. Se trata de un mercado nuevo, y como todo mercado nuevo, tiene imperfecciones, el proceso es lento y aun es difícil distinguir la calidad de cada proyecto, pero los estándares se están haciendo se cada vez más rigurosos y existe proceso de aprendizaje constante.

Cuando una empresa se declara Carbono Neutral debe poner a disposición de sus consumidores y del público en general los procesos y verificaciones que fundamentan esa declaración: El levantamiento que se realizó, la verificación por parte de un tercero, los elementos que identifican los créditos de carbono que compró, la verificación de la compensación y el período al que corresponde.

En resumen, hay cuatro tipos de malas prácticas en relación a la forma en que las empresas se están haciendo cargo de sus emisiones de GEI:

a) empresas que usan el ser carbono neutral como elemento para mostrarse como “verdes”, cuando no están haciendo una reducción adicional de sus emisiones,

b) empresas que se declaran carbono neutral sin entregar información sobre la cantidad de esas emisiones, los estándares que se utilizaron y la identificación de los créditos de carbono que se usaron para compensarlas,

c) empresas que se declaran carbono neutral, pero que la compensación se realizó respecto a actividades específicas y no todas las emisiones (caso típico es compensar sólo el transporte) y

d) empresas que hicieron el ejercicio de compensación un año y se siguen declarando carbono neutral por nuevos períodos sin el correspondiente levantamiento y compra de créditos.

Si bien estas prácticas son propias de un proceso nuevo, en la medida en que consumidores seamos más consientes respecto a lo qué significa que una empresa se haga cargo de sus emisiones de GEI y aprendamos sobre los procesos que ello involucra, éstas debieran ir desapareciendo.

Antes de analizar el porque es necesario fiscalizar y para qué, debemos ir primero un paso atrás y hacer una breve, pero muy importante alcance sobre nuestro sistema normativo.

En nuestro país se norma bajo el principio de la buena fe, que en materia legal se plasma como el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones con honradez, rectitud y lealtad.

Es así entonces, que la sociedad se rodea de ciertas normas básicas para su funcionamiento, las que se supone conocidas por todos y por tanto cumplidas. Bajo este contexto entonces, la fiscalización, no es otra cosa sino que las acciones que organiza el estado para corroborar que la sociedad (ciudadanos, empresas, instituciones en general) dan cumplimiento a las normas, junto a un cuerpo de sanciones que puedan resultar ejemplificadoras para quienes incumplen y lo suficientemente duras para desincentivar el incumplimiento normativo.

Visto de esta forma, es la obligación de los regulados el cumplir con las normas. Este es un tema central, pues no es infrecuente que se culpe al estado por el incumplimiento de las normas, bajo el argumento que la fiscalización es escasa, como si la solución estuviera en que haya un fiscalizador por proyecto. Desde luego esto último es una exageración, pero que intenta reflejar una percepción sobre como se entiende la fiscalización.

Entrando en materia, para el caso ambiental la fiscalización se complementa con sanciones frente al incumplimiento, las que se espera tengan un efecto hacia el cumplimiento futuro; sin embargo, las sanciones han sido de baja efectividad en su efecto disuasivo, ya sea porque el sistema de multas ha sido bajo, o bien la fiscalización ha sido esporádica, o ambas a la vez.

El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental que se está instalando en Chile, traerá aparejada una serie de enfoques innovadores en estas materias.

Como se sabe, en el mes octubre de 2010, terminó el funcionamiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS) y comenzó a operar la nueva institucionalidad a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Falta aún que entre en funcionamiento la Superintendencia de Medio Ambiente (SIMA), lo que ocurrirá cuando se haya terminado la tramitación de los tribunales ambientales en el congreso.

De esa forma, se crea un servicio público especializado en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión públicos y privados (SEA) y otro que se especializa en el seguimiento ambiental de los proyectos que fueron aprobados en el SEIA (SIMA).

Junto a la creación y funcionamiento de la SIMA, se acompaña también un cuerpo de sanciones que busca tener ese efecto disuasivo y ejemplificador para potenciar el incumplimiento normativo ambiental.

Frente a este nuevo escenario en la fiscalización de los proyectos, la principal atención se ha puesto en lo onerosa que pueden resultar las nuevas sanciones de la superintendencia, las que pueden llegar a los 8 millones de dólares, sin que se haya considerado la posibilidad de caducar los permisos ambientales frente a los incumplimientos. Desde luego que estas sanciones más drásticas tendrán algún efecto morigerador en el incumplimiento; sin embargo, persistirá la baja probabilidad de que los proyectos puedan ser fiscalizados y por lo tanto habrá quienes sigan apostando a que, como la posibilidad de ser fiscalizados es baja, mantengan cierto relajo en el cumplimiento y a que las sanciones más duras solo se aplicarán frente a situaciones muy extremas.

En lo que no se ha reparado, y que representa el gran cambio en el seguimiento ambiental de los proyectos, es que, así como se ha implementado exitosamente un Sistema Evaluación de Impacto Ambiental electrónico, que permite que la evaluación ambiental de los proyectos se pueda realizar usando la informática, que además permite total transparencia; de la misma forma el diseño institucional de la SIMA contempla la implementación de un Sistema de Seguimiento Ambiental electrónico. Este es un cambio paradigmático que rompe con la sola fiscalización aleatoria de los proyectos, pues el desarrollo de este tipo de sistema permitirá que todos los proyectos puedan ser seguidos en línea, con indicadores de alarma frente a incumplimientos y cruce de información, la que además permitirá la toma de decisiones por proyectos, rubros productivos, etc.

Se abre aquí un nuevo escenario, el que asociado a procesos sancionatorios con sanciones más drásticas, hará que baje el nivel de incumplimientos.

Se trata de un escenario que muy pocas empresa han avizorado, entre estas la nuestra GEQ que hace ya dos años diseñamos un sistema de seguimiento ambiental basado en la informática y que denominamos “Cero Multa”.

Creemos que la gran apuesta de las empresas debiera ser adelantarse para tener ordenadas sus obligaciones normativas y montadas sobre sus propios sistemas de seguimiento ambiental, como nuestro “Cero Multa”, de modo que tengan una cultura de cumplimiento acorde con este nuevo escenario.

Una de las iniciativas más importantes para abordar esta situación que afecta el planeta, fue la firma y posterior entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. En este acuerdo se definieron, entre otras materias, las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para la mayoría de los países desarrollados al año 2012, a través de tres mecanismos principales. Uno de éstos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Es en los MDL donde países como el nuestro (sin compromisos de reducción de emisiones al 2012) tienen la oportunidad de desarrollar proyectos que generen Reducción de Emisiones Certificadas (CERs en inglés), también conocidos como créditos o bonos de carbono. Las CERs son un commoditie y, como todo commoditie, han buscado algún tipo de diferenciación dentro del mercado, esto se ha logrado a través de sellos adicionales tales como The Gold Standard, Social Carbon, entre otros, que certifican bonos de carbono de calidad Premium.

Chile cuenta con un total de 37 proyectos MDL registrados ante Naciones Unidas. Este numero tan bajo refleja que, a pesar de los esfuerzos del Estado, los actores del sistema (desarrolladores de proyectos, validadores, verificadores, brokers, Autoridad Nacional Designada, entre otros) aun no comparten un dialogo fluido. Si a lo anterior sumamos que tras la Cumbre de Copenhague, los países responsables del 80 por ciento de las emisiones de CO2, principal Gas de Efecto Invernadero, han remitido planes nacionales y medidas de carácter propio para luchar contra el cambio climático, en lugar de lograr un acuerdo marco global, esto genera una gran incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con el mercado de los bonos de carbono el 2012

Esta situación repercute directamente en los precios estimados de cada CER, en donde a mayor incertidumbre, más riesgosa se torna la estimación de flujos post 2012. La estimación de flujos son un importante factor de decisión para la inversión en determinada iniciativa. Es posible ver toda combinación posible de ofertas por CERs de un proyecto, con precios fijos, considerando tanto un piso como techo, indexados, acorde al comportamiento del mercado spot, etcétera, escenarios que para un dueño de proyecto o compañía son de primera prioridad para tomar la decisión de invertir.

En el sector eléctrico chileno, por ejemplo, donde los proyectos MDL postulan a una reducción de emisiones a través del desplazamiento de la generación de energía de un Sistema Interconectado en base a combustibles fósiles a otro de fuentes renovables, la posibilidad de general CERs se convierte en el cuarto factor de importancia en la decisión de inversión.

Reflexionando sobre lo anteriormente escrito, el llamado es a realizar un análisis profundo de los factores a considerar al promover el desarrollo de proyectos MDL en el país. Consideraciones en relación a la identificación de actores, alternativas de diferenciación de los CERs y a las opciones de venta de créditos son elementos clave.

Este interés ciudadano por los conflictos socioambientales puede interpretarse como un signo de desgaste y obsolescencia de las vías formales de participación ciudadana establecidas en la normativa de evaluación ambiental vigente. La exclusión de la ciudadanía en la etapa decisional parece ser un aliciente para la proliferación de los medios informales y masivos de participación, sin importar el que no existan garantías de influencia en el proceso.

A esta característica no vinculante de la participación ciudadana formal actual, debemos incorporar otras variables como: la disparidad en recursos y dominio del lenguaje técnico que impera en los informes a evaluación, el acceso a las TICs y manejo de habilidades blandas como la comprensión lectora y oratoria. Estos son factores que debilitan la participación ciudadana como herramienta de inclusión.

La reformulación del artículo 26 de 19.300 se expresa así en el nuevo documento:

Corresponderá a las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones cuando correspondan.

La modificación consistió únicamente en un cambio en la denominación del responsable, sustituyendo la expresión “Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

Al respeto es pertinente rescatar la propuesta realizada por la Organización Participa, quienes plantean la necesidad de asegurar que los órganos públicos preparen documentos no-técnicos y escritos por un independiente para informar a las personas de escasos recursos. En el caso de haber población indígena en el área de influencia deberá emitirse un resumen no-técnico en la lengua originaria de dicho pueblo indígena. La eliminación de disparidades base requiere de diversos campos de acción para lograr una integración ciudadana efectiva.

Con la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental surge la oportunidad de introducir mejoras en el actual sistema. Si bien desde el 1 de octubre ya se en cuentran operando las modificación de la ley de Bases del Medio Ambiente a través de la Ley N° 20.417, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) correspondiente a la Ley N° 19.300 continúa vigente mientras no lo reemplace un nuevo reglamento.

En esta etapa de reformulación de la institucionalidad, cabe considerar algunos aspectos que podrían mejorar el actual sistema de evaluación de impacto ambiental en lo que a participación ciudadana se refiere.

La democratización de la participación ciudadana debe estar orientada a promover el surgimiento de actores locales en los procesos de participación que puedan ser promotores de otros procesos de empoderamiento ciudadano, no necesariamente vinculado a lo ambiental. Es deseable que en los casos donde el capital social y humano sea débil, estos procesos que normarán la nueva institucionalidad ambiental sirvan de catalizadores para crear sentido comunitario con poder e incidencia. Lo anterior cobra relevancia al considerarse al ámbito ambiental como una instancia global, visible y legitimada para el surgimiento de liderazgos en los distintos niveles y campos temáticos. Se trata de descentralizar la dimensión ciudadana y no únicamente político-administrativa.

Es posible plantear algunas ideas que pueden configurar un proceso participativo a escala local, con identidad territorial y enfocada en los puntos críticos: Establecer la figura de contraparte comunal, procurando así que los proyectos evaluados regionalmente consideren criterios que incorporen sensibilidades y conflictos locales.

Si consideramos la democracia como oportunidad para la descentralización, debemos ampliar el concepto democracia y enfocarlo hacia la equidad en el acceso a la información relevante y estratégica para evaluar. De lo contrario, el desconocimiento y centralización de información podría transformar esta herramienta en una política perversa que se vuelva en contra de sus beneficiarios.

Las disparidades que aluden los párrafos anteriores, configuran las principales debilidades de la participación ciudadana en el actual sistema de evaluación de impacto ambiental. Si el objetivo es reorientar este proceso y hacerlo más democrático es necesario apoyar las competencias técnicas de la ciudadanía, hacer más accesible y mejorar el acceso a las TIC´s, mejorando paralelamente la intervención a nivel regional y comunal.

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