Para lograr el desafío de hacer que el desarrollo de Chile sea realizado sobre la base de la sustentabilidad, se requiere de la participación de todos. Esta no es sólo una tarea que los “ambientalistas” y el Estado deben impulsar; sino que debe ser el fruto de la acción orientada de personas e instituciones. Desde este punto de vista, hace tiempo se espera que la banca participe explícitamente en la discusión del desarrollo sustentable, y haga su aporte, no menor, toda vez que son las instituciones las que financian un alto porcentaje de los proyectos de inversión.

Es la banca, la que a través de una serie de procedimientos tendientes a medir los riesgos, la que le da “el vamos” a los proyectos de inversión, los condiciona y los sigue, actividades que ningún servicio público fiscalizador ambiental nacional podrá lograr jamás, debido a las propias inercias que el aparato público tiene. ¿Cuál es su secreto? Fácil: son las instituciones que dan financiamiento las que hacen viables los proyectos. Basta ver la discusión última que se ha producido entre la banca nacional y el sector salmonicultor, para dimensionar la relevancia que la banca puede tomar a la hora de dar viabilidad financiera a un determinado proyecto.

Dada la responsabilidad que la banca tiene en el desarrollo y continuidad de los proyectos de inversión, y a raíz de la necesidad que ésta tiene de incorporar la variable ambiental en sus análisis de riesgo, es que en 2003, 10 bancos, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC del inglés) del Banco Mundial, decidieron firmar un pacto voluntario llamado “Principios del Ecuador” (www.equator-principles.com), que busca internalizar dentro de sus decisiones corporativas el análisis ambiental y social de los proyectos que presentan sus clientes. Específicamente, incorporar en la financiación de proyectos un estándar para evaluar, determinar y administrar el riesgo socio-ambiental. El Banco Mundial reconoce que por el rol de las instituciones financieras, éstas tienen una significativa oportunidad en la promoción de una administración ambiental y socialmente responsable de aquellos proyectos que cuentan con su financiamiento.

Los Principios del Ecuador son 10 ejes que buscan dar a los proyectos a financiar por los bancos una serie de elementos de evaluación, los que van desde su categorización en cuanto a la magnitud de la intervención ambiental y social, hasta la propuesta de evaluaciones ambientales específicas y seguimientos acuciosos de sus proyectos financiados durante los tiempos de ejecución. Obviamente que estas metodologías -todas disponibles en la web de IFC (www.ifc.org/spanish)- serán aplicadas a proyectos donde la inversión sea igual o superior a los US$10 millones. Dado el monto, una cantidad muy relevante de proyectos queda fuera de la aplicación de esta metodología en nuestro país.

Al hacer un breve recorrido por las páginas web de nuestra banca nacional, podemos ver que básicamente se nombran los Principios del Ecuador como parte de la responsabilidad social corporativa de las instituciones financieras, sin que ello haya sido traspasado desde el discurso a una aplicación real y concreta, lo que permitiría que la banca chilena evaluara ambiental y socialmente los proyectos a financiar. O al menos así lo parece, pues esta afirmación, de que la aplicación de los Principios del Ecuador forman parte de su RSE, no se acompaña de hechos concretos que así lo demuestren. Adherir a los principios obliga a las instituciones financieras a reportar de manera pública sobre los métodos de implementación.

El único banco de capitales 100% chileno que ha firmado los Principios del Ecuador es Corpbanca. En su página web (www.corpbanca.cl) es posible apreciar que esta institución los suscribió hace dos años, aunque no especifica las acciones concretas con las que ha dado o dará cumplimiento alos mismos. Actualmente son 67 los bancos que han adherido este compromiso.

Los Principios del Ecuador establecen un procedimiento que, en resumen, consta de cuatro fases:

1. Identificación de la escala de los posibles impactos del proyecto en cuestión, de acuerdo
a tres categorías, A, B o C, de las cuales la categoría A implica el mayor impacto.

2. Evaluación ambiental y social para analizar los proyectos con mayores impactos, de la
que deriva un plan de acción para mitigar dichos impactos. El principal parámetro para evaluar los impactos son las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

3. Si los riesgos financieros, ambientales y sociales son aceptables, se otorga el préstamo al proyecto pero las condiciones del mismo incluyen que se siga el plan de acción diseñado.

4. Presentación de reportes públicos sobre cómo implementamos los principios.

Al adoptar estos ejes, el banco se compromete a otorgar préstamos sólo a aquellos proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar, a satisfacción del banco, su capacidad y disposición de cumplir con la totalidad de los procesos que buscan asegurar que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de gestión ambientalmente acertadas.

En los hechos, la adhesión a los Principios del Ecuador ha evolucionado desde 10 entidades bancarias internacionales, que los suscribieron en 2003, a 67 entidades bancarias que hoy lo suscriben, lo que representa el 75% del mercado global de préstamos sindicados para proyectos. En convergencia a lo que se aspira lograr mediante la aplicación de estos principios, están los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Es decir, la sociedad global va en esta dirección, por lo que nuestras entidades deben transformar estos principios en suyos, y hacerlos realidad y no sólo un discurso. Chile aspira a ser miembro pleno de la OCDE, entonces, ¿qué espera nuestra Banca para demostrar que estos principios están siendo plenamente aplicados en Chile?

Al finalizar, nos quedamos con el desafío de ver cómo están siendo aplicados los Principios del Ecuador en nuestro país. Veremos si la banca internacional, que tiene presencia en Chile, aplica estos principios con la misma vara que lo hace en sus países de origen.
Lo que queda claro es que la banca puede -y debe- ser un actor relevante a la hora de aspirar a que nuestra sociedad logre un desarrollo sustentable.

Existen otras importantes iniciativas que buscan promover una banca sustentable, como por ejemplo el proyecto Ecobanking (www.ecobanking.com) de Costa Rica, que tiene el patrocinio de la UNEP IF de Naciones Unidas (www.unepfi.org), proyecto que busca acercar a las instituciones financieras a la dinámica ambiental y social, capacitando e impulsando la idea de la creación de gerencias ambientales en los bancos, que tengan como objetivo internalizar la importancia de la sustentabilidad en las prácticas diarias del banco, y además evaluar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos a financiar, disminuir el riesgo y mejorar su desempeño ambiental.

Estas iniciativas son sumamente relevantes. Sin duda que si nuestra banca hubiese evaluado ambiental y socialmente los proyectos que pensaba financiar a sus clientes, hubiéramos esperado tener al menos los siguientes efectos en los proyectos de inversión:

1. Mejor calidad ambiental y social de los proyectos.
2. Menor riesgo para la banca, debido a que la temprana evaluación ambiental y social,
habría permitido proyectos sustentables en el tiempo, sin pasivos ambientales.
3. Disminución del costo de los proyectos, debido a que con un buen estudio inicial, se
habrían localizado en zonas adecuadas y con los tratamientos eficaces para la contención de los impactos.
4. Una buena imagen del banco en los grupos de interés.
5. Proyectos sustentables en el tiempo, amables con los vecinos y con el medio ambiente.
Desde este lado, queremos animar a la banca a incorporarse a los desafíos ambientales del presente y del futuro; a asumir con liderazgo la importante responsabilidad que tiene en la sustentabilidad ambiental de sus proyectos; a ser promotora del desarrollo de proyectos limpios; a promover políticas concretas en contra del calentamiento global.

La hemos visto proponer incentivos a la inversión y el consumo, pero ahora queremos verla trabajar agregando los incentivos para que la inversión incorpore los elementos que estimulan el desarrollo sustentable.