En general, cuando hacemos referencia a la fiscalización, nos asalta la imagen de un carabinero que vela porque el ciudadano cumpla con la ley, y poco nos detenemos a mirar cual es el verdadero sentido del acto fiscalizador y la fiscalización.

Antes de analizar el porque es necesario fiscalizar y para qué, debemos ir primero un paso atrás y hacer una breve, pero muy importante alcance sobre nuestro sistema normativo.

En nuestro país se norma bajo el principio de la buena fe, que en materia legal se plasma como el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones con honradez, rectitud y lealtad.

Es así entonces, que la sociedad se rodea de ciertas normas básicas para su funcionamiento, las que se supone conocidas por todos y por tanto cumplidas. Bajo este contexto entonces, la fiscalización, no es otra cosa sino que las acciones que organiza el estado para corroborar que la sociedad (ciudadanos, empresas, instituciones en general) dan cumplimiento a las normas, junto a un cuerpo de sanciones que puedan resultar ejemplificadoras para quienes incumplen y lo suficientemente duras para desincentivar el incumplimiento normativo.

Visto de esta forma, es la obligación de los regulados el cumplir con las normas. Este es un tema central, pues no es infrecuente que se culpe al estado por el incumplimiento de las normas, bajo el argumento que la fiscalización es escasa, como si la solución estuviera en que haya un fiscalizador por proyecto. Desde luego esto último es una exageración, pero que intenta reflejar una percepción sobre como se entiende la fiscalización.

Entrando en materia, para el caso ambiental la fiscalización se complementa con sanciones frente al incumplimiento, las que se espera tengan un efecto hacia el cumplimiento futuro; sin embargo, las sanciones han sido de baja efectividad en su efecto disuasivo, ya sea porque el sistema de multas ha sido bajo, o bien la fiscalización ha sido esporádica, o ambas a la vez.

El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental que se está instalando en Chile, traerá aparejada una serie de enfoques innovadores en estas materias.

Como se sabe, en el mes octubre de 2010, terminó el funcionamiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS) y comenzó a operar la nueva institucionalidad a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Falta aún que entre en funcionamiento la Superintendencia de Medio Ambiente (SIMA), lo que ocurrirá cuando se haya terminado la tramitación de los tribunales ambientales en el congreso.

De esa forma, se crea un servicio público especializado en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión públicos y privados (SEA) y otro que se especializa en el seguimiento ambiental de los proyectos que fueron aprobados en el SEIA (SIMA).

Junto a la creación y funcionamiento de la SIMA, se acompaña también un cuerpo de sanciones que busca tener ese efecto disuasivo y ejemplificador para potenciar el incumplimiento normativo ambiental.

Frente a este nuevo escenario en la fiscalización de los proyectos, la principal atención se ha puesto en lo onerosa que pueden resultar las nuevas sanciones de la superintendencia, las que pueden llegar a los 8 millones de dólares, sin que se haya considerado la posibilidad de caducar los permisos ambientales frente a los incumplimientos. Desde luego que estas sanciones más drásticas tendrán algún efecto morigerador en el incumplimiento; sin embargo, persistirá la baja probabilidad de que los proyectos puedan ser fiscalizados y por lo tanto habrá quienes sigan apostando a que, como la posibilidad de ser fiscalizados es baja, mantengan cierto relajo en el cumplimiento y a que las sanciones más duras solo se aplicarán frente a situaciones muy extremas.

En lo que no se ha reparado, y que representa el gran cambio en el seguimiento ambiental de los proyectos, es que, así como se ha implementado exitosamente un Sistema Evaluación de Impacto Ambiental electrónico, que permite que la evaluación ambiental de los proyectos se pueda realizar usando la informática, que además permite total transparencia; de la misma forma el diseño institucional de la SIMA contempla la implementación de un Sistema de Seguimiento Ambiental electrónico. Este es un cambio paradigmático que rompe con la sola fiscalización aleatoria de los proyectos, pues el desarrollo de este tipo de sistema permitirá que todos los proyectos puedan ser seguidos en línea, con indicadores de alarma frente a incumplimientos y cruce de información, la que además permitirá la toma de decisiones por proyectos, rubros productivos, etc.

Se abre aquí un nuevo escenario, el que asociado a procesos sancionatorios con sanciones más drásticas, hará que baje el nivel de incumplimientos.

Se trata de un escenario que muy pocas empresa han avizorado, entre estas la nuestra GEQ que hace ya dos años diseñamos un sistema de seguimiento ambiental basado en la informática y que denominamos “Cero Multa”.

Creemos que la gran apuesta de las empresas debiera ser adelantarse para tener ordenadas sus obligaciones normativas y montadas sobre sus propios sistemas de seguimiento ambiental, como nuestro “Cero Multa”, de modo que tengan una cultura de cumplimiento acorde con este nuevo escenario.