Hemos sido testigos de un escenario ambiental donde emergen de manera espontánea una serie de acciones y movimientos ciudadanos que buscan incidir en la toma de decisiones acerca de proyectos de interés nacional. Esta vorágine participativa tiene como principal aliada a las redes sociales, las cuales, de manera masiva y democrática convocan y alientan a la expresión de demandas ciudadanasa través de medios virtuales y presenciales.

Este interés ciudadano por los conflictos socioambientales puede interpretarse como un signo de desgaste y obsolescencia de las vías formales de participación ciudadana establecidas en la normativa de evaluación ambiental vigente. La exclusión de la ciudadanía en la etapa decisional parece ser un aliciente para la proliferación de los medios informales y masivos de participación, sin importar el que no existan garantías de influencia en el proceso.

A esta característica no vinculante de la participación ciudadana formal actual, debemos incorporar otras variables como: la disparidad en recursos y dominio del lenguaje técnico que impera en los informes a evaluación, el acceso a las TICs y manejo de habilidades blandas como la comprensión lectora y oratoria. Estos son factores que debilitan la participación ciudadana como herramienta de inclusión.

La reformulación del artículo 26 de 19.300 se expresa así en el nuevo documento:

Corresponderá a las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones cuando correspondan.

La modificación consistió únicamente en un cambio en la denominación del responsable, sustituyendo la expresión “Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

Al respeto es pertinente rescatar la propuesta realizada por la Organización Participa, quienes plantean la necesidad de asegurar que los órganos públicos preparen documentos no-técnicos y escritos por un independiente para informar a las personas de escasos recursos. En el caso de haber población indígena en el área de influencia deberá emitirse un resumen no-técnico en la lengua originaria de dicho pueblo indígena. La eliminación de disparidades base requiere de diversos campos de acción para lograr una integración ciudadana efectiva.

Con la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental surge la oportunidad de introducir mejoras en el actual sistema. Si bien desde el 1 de octubre ya se en cuentran operando las modificación de la ley de Bases del Medio Ambiente a través de la Ley N° 20.417, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) correspondiente a la Ley N° 19.300 continúa vigente mientras no lo reemplace un nuevo reglamento.

En esta etapa de reformulación de la institucionalidad, cabe considerar algunos aspectos que podrían mejorar el actual sistema de evaluación de impacto ambiental en lo que a participación ciudadana se refiere.

La democratización de la participación ciudadana debe estar orientada a promover el surgimiento de actores locales en los procesos de participación que puedan ser promotores de otros procesos de empoderamiento ciudadano, no necesariamente vinculado a lo ambiental. Es deseable que en los casos donde el capital social y humano sea débil, estos procesos que normarán la nueva institucionalidad ambiental sirvan de catalizadores para crear sentido comunitario con poder e incidencia. Lo anterior cobra relevancia al considerarse al ámbito ambiental como una instancia global, visible y legitimada para el surgimiento de liderazgos en los distintos niveles y campos temáticos. Se trata de descentralizar la dimensión ciudadana y no únicamente político-administrativa.

Es posible plantear algunas ideas que pueden configurar un proceso participativo a escala local, con identidad territorial y enfocada en los puntos críticos: Establecer la figura de contraparte comunal, procurando así que los proyectos evaluados regionalmente consideren criterios que incorporen sensibilidades y conflictos locales.

Si consideramos la democracia como oportunidad para la descentralización, debemos ampliar el concepto democracia y enfocarlo hacia la equidad en el acceso a la información relevante y estratégica para evaluar. De lo contrario, el desconocimiento y centralización de información podría transformar esta herramienta en una política perversa que se vuelva en contra de sus beneficiarios.

Las disparidades que aluden los párrafos anteriores, configuran las principales debilidades de la participación ciudadana en el actual sistema de evaluación de impacto ambiental. Si el objetivo es reorientar este proceso y hacerlo más democrático es necesario apoyar las competencias técnicas de la ciudadanía, hacer más accesible y mejorar el acceso a las TIC´s, mejorando paralelamente la intervención a nivel regional y comunal.