Que un elemento relacionado con el cuidado del medio ambiente, en este caso el cambio climático, sea parte de la estrategia de competitividad de un empresa es importante, refleja la adaptación de empresarios a una tendencia en materia de consumo que dice relación con preferir aquellos servicios y productos que “cuidan el planeta” y muestra un compromiso de la empresa respecto a los impactos ambientales de su actividad.

Sin embargo, dos preguntas nos dan vuelta en relación a esta “moda”. La primera: ¿Ser “carbono neutral” es realmente cuidar el planeta, aporta a la lucha contra el cambio climático, es un elemento de responsabilidad corporativa?. La segunda: ¿Cómo están desarrollando y verificando las empresas los procesos para llegar a esa neutralidad en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)?.

En relación a la primera pregunta. Cuando una empresa asume el desafío de hacerse cargo de su impacto en el cambio climático debe partir por identificar y dimensionar la cantidad de GEI que produce.Una vez levantada esa huella de carbono, la empresa tiene cuatro opciones: a) transparentar ese número y mostrar a la comunidad cuanto es su impacto en términos de emisiones GEI; b) Iniciar un programa de reducción de emisiones de GEI; c) reducir y compensar el remanente; o d) compensar todas sus emisiones de GEI.

Considerando que son muy pocas las empresas que han llevado adelante un cálculo de sus emisiones de GEI, el sólo hecho de mostrar a la comunidad en forma voluntaria una dimensión importante de los impactos ambientales de su actividad aumenta la transparencia de la compañía.

Un paso más allá es iniciar acciones que signifiquen una reducción permanente de esas emisiones. Con medidas de eficiencia energética, incorporación de fuentes de energía renovables, modificaciones tecnológicas y cambio en los procesos, la empresa puede ir reduciendo su impacto en el calentamiento global. Sin embargo, llegará un momento en que no es posible reducir más y la empresa debe tomar una decisión respecto de ese remanente de GEI, puede ignorarlos o hacerse cargo de ellos. La alternativa que tiene para hacerse cargo es asegurarse que una cantidad equivalente de dióxido de carbono y/u otros GEI es capturado o dejado de emitir en algún lugar del mundo.

Ahora bien, existen empresas que levantan su huella de carbono, transparentan ese proceso y, sin hacer acciones de reducción, compensan esas emisiones. Si bien aquí hay un valor asociado a la transparencia, estas empresas no son más “verdes”. La empresa se hace cargo de sus emisiones comprando créditos de carbono, pero no hay adicionalidad en el esfuerzo mundial por reducir el impacto en el cambio climático. Si esta empresa se muestra a sus consumidores como una empresa “verde” esgrimiendo la compensación de emisiones como argumento sin implementar medidas de reducción, no está siendo del todo honesta.

La segunda inquietud dice relación con credibilidad del procedimiento, es decir, las características y verificaciones que respaldan la declaración de neutralidad. Si bien es un proceso voluntario, esto no significa que no tenga reglas y estándares reconocidos y validados internacionalmente que le dan credibilidad tanto al levantamiento de una huella como a los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio que permiten la compensación (para el levantamiento de huella corporativa el estándar más reconocido es el GHG Protocol y para el levantamiento de una huella de un producto o un servicio la PAS 2050).

En el caso de la compensación, por más que se señale que una alternativa es plantar árboles, la realidad es que para determinar la cantidad de carbono y/o otros GEI que un proyecto captura o que deja de emitir también se deben seguir protocolos y estándares. Para certificar esa reducción de GEI existe un mercado regulado y uno voluntario, ambos exigen a los proyectos cumplir con requisitos cada vez más rigurosos para obtener certificados de reducción de emisiones. Sólo estos proyectos pueden generar créditos transables y trazables, que dan garantías tanto a la empresas como a consumidores respecto a la cantidad de emisiones que se pueden compensar con ellos. Se trata de un mercado nuevo, y como todo mercado nuevo, tiene imperfecciones, el proceso es lento y aun es difícil distinguir la calidad de cada proyecto, pero los estándares se están haciendo se cada vez más rigurosos y existe proceso de aprendizaje constante.

Cuando una empresa se declara Carbono Neutral debe poner a disposición de sus consumidores y del público en general los procesos y verificaciones que fundamentan esa declaración: El levantamiento que se realizó, la verificación por parte de un tercero, los elementos que identifican los créditos de carbono que compró, la verificación de la compensación y el período al que corresponde.

En resumen, hay cuatro tipos de malas prácticas en relación a la forma en que las empresas se están haciendo cargo de sus emisiones de GEI:

a) empresas que usan el ser carbono neutral como elemento para mostrarse como “verdes”, cuando no están haciendo una reducción adicional de sus emisiones,

b) empresas que se declaran carbono neutral sin entregar información sobre la cantidad de esas emisiones, los estándares que se utilizaron y la identificación de los créditos de carbono que se usaron para compensarlas,

c) empresas que se declaran carbono neutral, pero que la compensación se realizó respecto a actividades específicas y no todas las emisiones (caso típico es compensar sólo el transporte) y

d) empresas que hicieron el ejercicio de compensación un año y se siguen declarando carbono neutral por nuevos períodos sin el correspondiente levantamiento y compra de créditos.

Si bien estas prácticas son propias de un proceso nuevo, en la medida en que consumidores seamos más consientes respecto a lo qué significa que una empresa se haga cargo de sus emisiones de GEI y aprendamos sobre los procesos que ello involucra, éstas debieran ir desapareciendo.

Antes de analizar el porque es necesario fiscalizar y para qué, debemos ir primero un paso atrás y hacer una breve, pero muy importante alcance sobre nuestro sistema normativo.

En nuestro país se norma bajo el principio de la buena fe, que en materia legal se plasma como el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones con honradez, rectitud y lealtad.

Es así entonces, que la sociedad se rodea de ciertas normas básicas para su funcionamiento, las que se supone conocidas por todos y por tanto cumplidas. Bajo este contexto entonces, la fiscalización, no es otra cosa sino que las acciones que organiza el estado para corroborar que la sociedad (ciudadanos, empresas, instituciones en general) dan cumplimiento a las normas, junto a un cuerpo de sanciones que puedan resultar ejemplificadoras para quienes incumplen y lo suficientemente duras para desincentivar el incumplimiento normativo.

Visto de esta forma, es la obligación de los regulados el cumplir con las normas. Este es un tema central, pues no es infrecuente que se culpe al estado por el incumplimiento de las normas, bajo el argumento que la fiscalización es escasa, como si la solución estuviera en que haya un fiscalizador por proyecto. Desde luego esto último es una exageración, pero que intenta reflejar una percepción sobre como se entiende la fiscalización.

Entrando en materia, para el caso ambiental la fiscalización se complementa con sanciones frente al incumplimiento, las que se espera tengan un efecto hacia el cumplimiento futuro; sin embargo, las sanciones han sido de baja efectividad en su efecto disuasivo, ya sea porque el sistema de multas ha sido bajo, o bien la fiscalización ha sido esporádica, o ambas a la vez.

El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental que se está instalando en Chile, traerá aparejada una serie de enfoques innovadores en estas materias.

Como se sabe, en el mes octubre de 2010, terminó el funcionamiento de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS) y comenzó a operar la nueva institucionalidad a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Falta aún que entre en funcionamiento la Superintendencia de Medio Ambiente (SIMA), lo que ocurrirá cuando se haya terminado la tramitación de los tribunales ambientales en el congreso.

De esa forma, se crea un servicio público especializado en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión públicos y privados (SEA) y otro que se especializa en el seguimiento ambiental de los proyectos que fueron aprobados en el SEIA (SIMA).

Junto a la creación y funcionamiento de la SIMA, se acompaña también un cuerpo de sanciones que busca tener ese efecto disuasivo y ejemplificador para potenciar el incumplimiento normativo ambiental.

Frente a este nuevo escenario en la fiscalización de los proyectos, la principal atención se ha puesto en lo onerosa que pueden resultar las nuevas sanciones de la superintendencia, las que pueden llegar a los 8 millones de dólares, sin que se haya considerado la posibilidad de caducar los permisos ambientales frente a los incumplimientos. Desde luego que estas sanciones más drásticas tendrán algún efecto morigerador en el incumplimiento; sin embargo, persistirá la baja probabilidad de que los proyectos puedan ser fiscalizados y por lo tanto habrá quienes sigan apostando a que, como la posibilidad de ser fiscalizados es baja, mantengan cierto relajo en el cumplimiento y a que las sanciones más duras solo se aplicarán frente a situaciones muy extremas.

En lo que no se ha reparado, y que representa el gran cambio en el seguimiento ambiental de los proyectos, es que, así como se ha implementado exitosamente un Sistema Evaluación de Impacto Ambiental electrónico, que permite que la evaluación ambiental de los proyectos se pueda realizar usando la informática, que además permite total transparencia; de la misma forma el diseño institucional de la SIMA contempla la implementación de un Sistema de Seguimiento Ambiental electrónico. Este es un cambio paradigmático que rompe con la sola fiscalización aleatoria de los proyectos, pues el desarrollo de este tipo de sistema permitirá que todos los proyectos puedan ser seguidos en línea, con indicadores de alarma frente a incumplimientos y cruce de información, la que además permitirá la toma de decisiones por proyectos, rubros productivos, etc.

Se abre aquí un nuevo escenario, el que asociado a procesos sancionatorios con sanciones más drásticas, hará que baje el nivel de incumplimientos.

Se trata de un escenario que muy pocas empresa han avizorado, entre estas la nuestra GEQ que hace ya dos años diseñamos un sistema de seguimiento ambiental basado en la informática y que denominamos “Cero Multa”.

Creemos que la gran apuesta de las empresas debiera ser adelantarse para tener ordenadas sus obligaciones normativas y montadas sobre sus propios sistemas de seguimiento ambiental, como nuestro “Cero Multa”, de modo que tengan una cultura de cumplimiento acorde con este nuevo escenario.

Una de las iniciativas más importantes para abordar esta situación que afecta el planeta, fue la firma y posterior entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. En este acuerdo se definieron, entre otras materias, las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para la mayoría de los países desarrollados al año 2012, a través de tres mecanismos principales. Uno de éstos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Es en los MDL donde países como el nuestro (sin compromisos de reducción de emisiones al 2012) tienen la oportunidad de desarrollar proyectos que generen Reducción de Emisiones Certificadas (CERs en inglés), también conocidos como créditos o bonos de carbono. Las CERs son un commoditie y, como todo commoditie, han buscado algún tipo de diferenciación dentro del mercado, esto se ha logrado a través de sellos adicionales tales como The Gold Standard, Social Carbon, entre otros, que certifican bonos de carbono de calidad Premium.

Chile cuenta con un total de 37 proyectos MDL registrados ante Naciones Unidas. Este numero tan bajo refleja que, a pesar de los esfuerzos del Estado, los actores del sistema (desarrolladores de proyectos, validadores, verificadores, brokers, Autoridad Nacional Designada, entre otros) aun no comparten un dialogo fluido. Si a lo anterior sumamos que tras la Cumbre de Copenhague, los países responsables del 80 por ciento de las emisiones de CO2, principal Gas de Efecto Invernadero, han remitido planes nacionales y medidas de carácter propio para luchar contra el cambio climático, en lugar de lograr un acuerdo marco global, esto genera una gran incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con el mercado de los bonos de carbono el 2012

Esta situación repercute directamente en los precios estimados de cada CER, en donde a mayor incertidumbre, más riesgosa se torna la estimación de flujos post 2012. La estimación de flujos son un importante factor de decisión para la inversión en determinada iniciativa. Es posible ver toda combinación posible de ofertas por CERs de un proyecto, con precios fijos, considerando tanto un piso como techo, indexados, acorde al comportamiento del mercado spot, etcétera, escenarios que para un dueño de proyecto o compañía son de primera prioridad para tomar la decisión de invertir.

En el sector eléctrico chileno, por ejemplo, donde los proyectos MDL postulan a una reducción de emisiones a través del desplazamiento de la generación de energía de un Sistema Interconectado en base a combustibles fósiles a otro de fuentes renovables, la posibilidad de general CERs se convierte en el cuarto factor de importancia en la decisión de inversión.

Reflexionando sobre lo anteriormente escrito, el llamado es a realizar un análisis profundo de los factores a considerar al promover el desarrollo de proyectos MDL en el país. Consideraciones en relación a la identificación de actores, alternativas de diferenciación de los CERs y a las opciones de venta de créditos son elementos clave.

Este interés ciudadano por los conflictos socioambientales puede interpretarse como un signo de desgaste y obsolescencia de las vías formales de participación ciudadana establecidas en la normativa de evaluación ambiental vigente. La exclusión de la ciudadanía en la etapa decisional parece ser un aliciente para la proliferación de los medios informales y masivos de participación, sin importar el que no existan garantías de influencia en el proceso.

A esta característica no vinculante de la participación ciudadana formal actual, debemos incorporar otras variables como: la disparidad en recursos y dominio del lenguaje técnico que impera en los informes a evaluación, el acceso a las TICs y manejo de habilidades blandas como la comprensión lectora y oratoria. Estos son factores que debilitan la participación ciudadana como herramienta de inclusión.

La reformulación del artículo 26 de 19.300 se expresa así en el nuevo documento:

Corresponderá a las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones cuando correspondan.

La modificación consistió únicamente en un cambio en la denominación del responsable, sustituyendo la expresión “Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

Al respeto es pertinente rescatar la propuesta realizada por la Organización Participa, quienes plantean la necesidad de asegurar que los órganos públicos preparen documentos no-técnicos y escritos por un independiente para informar a las personas de escasos recursos. En el caso de haber población indígena en el área de influencia deberá emitirse un resumen no-técnico en la lengua originaria de dicho pueblo indígena. La eliminación de disparidades base requiere de diversos campos de acción para lograr una integración ciudadana efectiva.

Con la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental surge la oportunidad de introducir mejoras en el actual sistema. Si bien desde el 1 de octubre ya se en cuentran operando las modificación de la ley de Bases del Medio Ambiente a través de la Ley N° 20.417, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) correspondiente a la Ley N° 19.300 continúa vigente mientras no lo reemplace un nuevo reglamento.

En esta etapa de reformulación de la institucionalidad, cabe considerar algunos aspectos que podrían mejorar el actual sistema de evaluación de impacto ambiental en lo que a participación ciudadana se refiere.

La democratización de la participación ciudadana debe estar orientada a promover el surgimiento de actores locales en los procesos de participación que puedan ser promotores de otros procesos de empoderamiento ciudadano, no necesariamente vinculado a lo ambiental. Es deseable que en los casos donde el capital social y humano sea débil, estos procesos que normarán la nueva institucionalidad ambiental sirvan de catalizadores para crear sentido comunitario con poder e incidencia. Lo anterior cobra relevancia al considerarse al ámbito ambiental como una instancia global, visible y legitimada para el surgimiento de liderazgos en los distintos niveles y campos temáticos. Se trata de descentralizar la dimensión ciudadana y no únicamente político-administrativa.

Es posible plantear algunas ideas que pueden configurar un proceso participativo a escala local, con identidad territorial y enfocada en los puntos críticos: Establecer la figura de contraparte comunal, procurando así que los proyectos evaluados regionalmente consideren criterios que incorporen sensibilidades y conflictos locales.

Si consideramos la democracia como oportunidad para la descentralización, debemos ampliar el concepto democracia y enfocarlo hacia la equidad en el acceso a la información relevante y estratégica para evaluar. De lo contrario, el desconocimiento y centralización de información podría transformar esta herramienta en una política perversa que se vuelva en contra de sus beneficiarios.

Las disparidades que aluden los párrafos anteriores, configuran las principales debilidades de la participación ciudadana en el actual sistema de evaluación de impacto ambiental. Si el objetivo es reorientar este proceso y hacerlo más democrático es necesario apoyar las competencias técnicas de la ciudadanía, hacer más accesible y mejorar el acceso a las TIC´s, mejorando paralelamente la intervención a nivel regional y comunal.

A través de esta la ley, Francia avanza en su compromiso nacional de darle prioridad a la sustentabilidad y lo hace en distintas materias; Cambio climático, biodiversidad, residuos, energía, transporte, consumo sustentable, son algunas de las áreas que aborda. Es una ley extensa, tiene 257 artículos y modifica 25 códigos. Sólo el artículo 228, que modifica Código del Consumidor, se refiere al etiquetado en temas ambientales y el fundamento de este requerimiento está más bien en fomentar el consumo sostenible que abordar el cambio climático.

El artículo 228 establece lo siguiente: …. desde el 1 de julio de 2011, y previa consulta con todos los actores relevantes en la industria, se desarrollará una etapa experimentación, por un período mínimo de un año, con el afán de informar progresivamente al consumidor… sobre el contenido de carbono equivalente de productos y su embalaje, así como del consumo de recursos naturales o del impacto sobre los medios naturales generado por estos productos durante su ciclo de vida. Durante esta etapa se evaluará y se informará esta evaluación al Parlamento, el cual decidirá si se generaliza esta disposición. En caso positivo un decreto en Consejo del estado determinará la modalidad de la generalización de esta disposición. Se tendrá en consideración la especificidad de la pequeña empresas para conseguir el objetivo perseguido…
 Un decreto del Consejo de Estado se definirá  sobre la base de reglas bien definidas por cada categoría de productos, la naturaleza información pertinente según su modo de distribución, la ubicación de la información y las referencias que hay que utilizar…

Podemos identificar tres temas importantes dentro de este artículo que modifica el Código del Consumidor Francés. Primero, que se trata de un etiquetado multicriterio, no se refiere solo a huella de carbono. Luego, se establece un período de prueba y una evaluación por lo que su aplicación será gradual y considerando los impactos que ésta tenga principalmente en las empresas de menor tamaño. Finalmente, se establecerán indicadores por categorías de productos, indicadores que no se limitarán sólo a la huella de carbono y que se construirán participativamente, considerando particularmente la experiencia que ya tiene el retail.

Respecto al enfoque multicriterio, esto es coincidente con la tendencia mundial en materia de medir y reportar impactos ambientales y sociales de las actividades productivas. Utilizar como indicador las emisiones de gases de efecto invernadero, si bien es un avance, no refleja todos los impactos ambientales de determinada actividad. No considera  impactos en la biodiversidad, en el agua, los cambios de uso de suelo, entre otros.

Por otra parte, si bien esta ley establecería por primera vez una norma obligatoria en materia de etiquetado ambiental, quienes han liderado este proceso en el mundo no han sido los gobiernos ni tampoco las organizaciones no gubernamentales, sino las grandes cadenas de supermercados. Es el retail quien, estableciendo requerimientos en materia de etiquetado y responsabilidad ambiental a su cadena de abastecimiento, ha activado a una inmensa red de proveedores a tener un actitud proactiva en materia de responsabilidad ambiental y social.

Con las grandes cadenas de supermercados dictando la pauta en materia de ecoetiqueado es interesante ver no sólo lo que están haciendo hoy, si no lo que están pensando hacer en el futuro. Si bien supermercados como Casino, Tesco y Wal Mart partieron muy fuerte con el levantamiento y reducción de la huella de carbono,  – Casino ha desarrollado su propio etiquetado de índice de carbono http://bit.ly/cdIDXy – hoy se encuentran ampliado su mirada a temáticas tanto sociales como ambientales. En el  foro mundial Sustainability Consortium, www.sustainabilityconsortium.org en el que participan grandes empresas y cadenas del retail como PEPSICO, WALMART, HP, DELL, 3M,  se están desarrollando metodologías y herramientas para mejorar las sustentabilidad de los productos de consumo, así como también la comunicación con los consumidores.  Estas metodologías consideran reportes y comunicación diferenciada; business to Business, business to retail y Business to consumers, por categorías de impacto y multicriterio; impactos asociados energía, a toxicidad y cambio climático, por ejemplo. Hay que recordar que WALMART ya está en Chile a través de DyS, quien ya ha comunicado a sus proveedores más importantes los énfasis de la política de sustentabilidad que se implementará en el futuro cercan.

El gobierno Francés hace lo mismo a través de un trabajo conjunto entre la Agencia para la Gestión de la Energía y Medio Ambiente (ADEME) y la Organización Francesa de Normalización (AFNOR). Estas instituciones se encuentra desarrollando en forma colectiva guías de buenas practicas en materia de ecoetiquetado de productos de consumo masivo y seleccionando indicadores por categorías de productos. Ya han decidido que establecerán un máximo de tres indicadores por categoría, alimentos es una de ellas y  se han propuesto como indicadores a reportar: cambio climático, impacto en el agua y biodiversidad.

En nuestro país, existe un proyecto de ley, presentado en noviembre de 2009, que modifica la ley N° 19.496 de protección de los derechos del consumidor con el objeto de obligar al proveedor de bienes y prestador de ciertos servicios de informar las emisiones de dióxido de carbono y la cantidad de agua utilizados en su elaboración, embalaje y transporte (Boletín N° 6767-03).

La huella de carbono es un elemento importante, y un muy buen punto de partida, pero no el único indicador para medir la responsabilidad ambiental de las empresas. La tendencia es hacia el establecimiento de requerimientos multicriterio que abordan impactos tanto ambientales como sociales. Ya existen una página web www.goodguide.com para consumidores más ambientalmente consientes, que clasifica y compara productos considerando impactos ambientales, sociales y en salud, y puede bajarse como aplicación gratis para el iPhone.

Por lo tanto, además de preocuparse de levantar su huella de carbono, las empresas chilenas, exportadoras o no, deben comenzar a identificar y transparentar todos los impactos de su actividad productiva. Se trata de implementar una estrategia de sustentabilidad integral que haga a la empresa sustentable en el largo plazo. Estamos hablando de competitividad, no de sólo de ser o parecer “verde”, y en la medida en que los consumidores sean cada vez más ambientalmente consientes, el camino a la sustentabilidad evolucionará de ser una opción a una necesidad para sobrevivir.  Como dice Adam Werbach, pionero el materia de implementación de estrategias de sustentabilidad, el camino ya no es sólo verde es azul www.strategyforsustainability.com

La ministra es primera en exponer y luego continúa escuchando atentamente el resto de intervenciones. El tema en esta ocasión es la generación de empleos verdes y los desafíos que se presentan para el país la creación de éstos.

Al finalizar, la Secretaria de Estado accede en exclusiva a conversar con www.geq.cl sobre la nueva institucionalidad ambiental y los desafíos de su gestión en los próximos cuatro años.

La triestamentalidad que viene a dar forma al Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué viene a reemplazar a lo que ya estaba realizando la Conama?
Es un cambio absolutamente radical. Actualmente, lo que está haciendo la Conama es fijar políticas, regulaciones y a la vez evaluar proyectos, además de formar parte del comité operativo de fiscalización.
La nueva institucionalidad implica un Ministerio encargado de la legislación y dar una visión a la gente de cuál es nuestro propósito, que finalmente es mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Por otro lado, un Servicio de Evaluación Ambiental, que es independiente, tiene personalidad jurídica propia, que se dedica a la calificación de proyectos, con un carácter más técnico.
Luego, existe una Superintendencia de Medio Ambiente que también es un servicio público que se dedica a la fiscalización de proyectos, cuya labor es más efectiva, con multas mucho más altas.

¿Qué ocurre con otros servicios que se están discutiendo en el Congreso?
El nuevo ministerio culmina con el Tribunal Ambiental que está actualmente en discusión en el parlamento y permite tener materias como el control del daño ambiental, que es llamado “justicia ambiental”, más un Servicio Nacional de Áreas Protegidas con el que pretendemos potenciar el cuidado de la biodiversidad de nuestro país.

¿Qué es lo que debe hacer efectivamente su gestión para diferenciarse sustancialmente de lo que ha hecho la Concertación en los últimos 16 años?
El primer paso es instalar el ministerio. Fue aprobada en la administración anterior, entonces, se reconoció que debía haber un cambio. Ahora hay que implementarlo y avanzar hacia una política ambiental sustentable.
Hay que hacer entender que la nueva institucionalidad no es contraria al desarrollo económico, sino más bien que está a favor del crecimiento del país.

La temática medioambiental se ha convertido en un eje transversal para todos los sectores del país: ¿existe algún trabajo en concreto con el Ministro Lavín para desarrollar una política de educación ambiental seria en los establecimientos educacionales del país?
Nosotros ya tenemos un sistema de certificación ambiental en los colegios. Hay muchos que ya están inscritos y otros que tienen su top one en ese sentido, pues ya lograron el máximo.
Estamos en conversaciones con el Ministro Lavín para incorporar la temática ambiental en los currículum de los establecimientos.
Efectivamente, la educación ambiental es transversal y al final es cultura, por lo tanto tenemos que integrar esa temática en colegios y liceos.

¿Cuáles son los desafíos inmediatos de su gestión?
Hay cuatro importantes. Mejorar la calidad del aire principalmente, ya que hay registro de altos niveles de contaminación por Material Particulado (PM 10), crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas para cuidar el ecosistema, enfrentar los desafíos que nos impone el Cambio Climático. Tenemos una posición definida para la cumbre que se realizará en diciembre de este año. Entender que este es un tema que se instaló a nivel mundial, sumarnos a este gran reto que nos involucra a todos.
Por último, el tema de los residuos sólidos, introducir el reciclaje y re-usar es parte de nuestros desafíos, aportan al Cambio Climático, haciendo que los residuos retornen a la cadena de valor. Así, generamos empleo y emprendimiento “verde”.

Veamos porque:

En un procedimiento normal, si se estimare que la evaluación ambiental de esta Termoeléctrica no se ajustó a lo normado o que no se consideró adecuadamente el conocimiento científico, lo que correspondía era dejar que el proceso continúe y esperar la presentación de los recursos de reclamación que contempla la ley. Esa sería la oportunidad para que el gobierno central manifestara su opinión.

Sin esperar que la institucionalidad funcione, el Presidente se adelanta y solicita la reubicación de la Termoeléctrica bajo el argumento “…de manera que no afecte el medioambiente ni la biodiversidad del lugar”. Luego agrega que,  “Creo que con esto hemos enfrentado con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro Estado de derecho, el tema de la central (…) puedo decir a todos los amantes de la naturaleza que como Presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”.

Ahora bien, si el señor Presidente de verdad está convencido de lo que dice,  entonces debiera actuar en consecuencia y solicitar lo mismo a quienes están llevando adelante, por ejemplo, el proyecto Hidroaysén.

En el caso de la ubicación de la Termoeléctrica, para el Presidente fue causal suficiente para su intervención el hecho que esta estuviera cercana a un Santuario de la Naturaleza. En el caso del proyecto HidroAysén, CONAF señala que “El Proyecto Hidroeléctrico Aysén, se ubica parcialmente dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael y afecta además al Parque Nacional Bernardo O’Higgins y a la Reserva Forestal Lago Cochrane, Áreas Silvestres Protegidas del Estado destinadas a la preservación de ambientes naturales, con nula o mínima intervención humana, excepto aquellas obras y actividades necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos. De materializarse las obras del Proyecto, ellas significarán impactos sobre los recursos naturales protegidos y la alteración permanente de su condición original”.

Como es fácil ver, en el caso del proyecto Hidroaysén, las razones esgrimidas por el Presidente se dan con mayor dramatismo para la conservación de la biodiversidad y la preservación de un área protegida

Si comenzamos a escudriñar en los proyectos que actualmente están en evaluación ambiental, seguramente vamos a encontrar muchos de ellos que tienen una condición parecida a lo acontecido en Punta Choros. ¿Recibirán estos proyectos una llamada del Presidente solicitando su reubicación?. ¿Tendremos pronto noticias respecto de HidroAysén?

Lo cierto es que muchos empresarios deben estar mirando con el ceño fruncido este episodio.

Aquí les presentamos una entrevista en exclusiva para www.geq.cl

- Durante muchos años ha liderado exitosos equipos de consultoría. ¿Cuál fue el proyecto que se presentó como mayor desafío?
- Han habido varias cosas, pero tal vez la solución a problemas prácticos, que más me ha motivado ha sido el problema que ocurrió en la Disputada de Las Condes, cuando se cargó un glaciar con depósitos de lastre en la mina. Comenzó a avanzar unos 600 metros en un par de meses y afectaba ciertas instalaciones de la mina.

De alguna manera había que buscar una solución a ese evento y para eso desarrollamos un programa computacional. Después aplicamos esa misma técnica en la División Andina de Codelco. Esa tecnología, propia y única en el mundo, sobre cómo manejar glaciares cargados con lastre nuestras predicciones y estimaciones se han cumplido casi a la perfección. El error de movimiento es del 5%, respecto a lo pronosticado. Llegar a este tipo de exactitud con estas grandes masas de glaciares es algo que a mí me ha dejado muy satisfecho.

- ¿Cómo es el nivel de estudios de glaciología en Chile?
- Hay tres grupos que están trabajando. Casal en el norte, CEC en Valdivia y nuestro grupo. Son grupos pequeños, ya que estamos hablando de seis a diez personas. La gente de CEC está haciendo cosas muy buenas a nivel macro: evaluar variaciones de acuerdo a información satelital y obtener una descripción de algunos resultados, pero han trabajado a nivel micro, cuáles son los parámetros que afectan la forma de alimentarse y de fusionarse. En ese sentido, han hecho muy poco.

Nosotros en cambio no nos hemos preocupado de estudiar a nivel macro, sino de solucionar los problemas de los glaciares individuales, averiguar efectivamente cuáles son los balances de masa, calóricos, híbridos. Estamos en conocer los glaciares detalladamente y nos ha ido bastante bien. No nos interesa averiguar si el hielo está avanzando o retrocediendo en general.

Por otra parte, a ese nivel macro, decir que los retrocesos de glaciares en los Campos de Hielo se deben al Cambio Climático es un error. Una parte importante, todo el sector norte que emergen del Campo de Hielo patagónico sur, O’higgins, Chico, Jorge Montt, la mayoría tienen grandes retrocesos en los últimos años, tienen el efecto de volcanismo. Están todos ubicados sobre un cono volcánico que, en el que uno pone los pies y está lleno de ceniza volcánica, que afectan totalmente.

Los glaciares están todos en retroceso, al menos el 99%, desde el ápice de la última desglaciación que fue hace 18.000 años. Ha habido un freno o pequeño avance, como en la Edad de Hielo, pero hay un retroceso general, que no tiene que ver con el Cambio Climático que se inicia prácticamente en 1850 y se acentúa luego de la Segunda Guerra Mundial, sino con un proceso natural, en algunos casos acelerado por este cambio climático antrópico. Por lo mismo, suprimes todos estos efectos antrópicos y volvemos al retroceso natural, que tiene que ver con varios elementos, como la oblicuidad de la órbita del eje terrestre con respecto al sol. Hay tres o cuatro causas importantes, cada uno con ciclos de vida diferentes, en momentos se potencian como causas naturales y forman desglaciaciones.

- ¿Qué efectos pudiera tener eventualmente una represa como un espejo de agua como se pretende generar en el proyecto HydroAysén, respecto de un efecto local, como volcanismo, una sinergia, sobre campos de hielo?
- En general, la extensión de los efectos en el microclima local generan bases de poca longitud. En el caso de HydroAysén se han hecho estudios al respecto, pero no se cuenta con todos los parámetros básicos, meteorológicos, para poder evaluar lo que realmente podría ser el efecto. Con medición de temperatura y muy poco sobre viento, no están todos los elementos para poder hacer un buen diagnóstico.

- La minería en Chile que es tremendamente importante para el desarrollo del país, se desarrolla en la cordillera, donde hay glaciares y ahí ha habido un conflicto y recién hay una definición de glaciares por parte de la autoridad…
- Parte importante de la minería se acerca a las mayores cumbres por diversas razones, porque los minerales grandes como oro, plata, cobre en gran parte se originan en centros volcánicos activos. Entonces, en esas regiones es donde están los glaciares blancos y otros pocos conocidos, que se llaman glaciares de roca. Toda la cordillera central está llena de glaciares de roca y cada vez hay más proyectos en las altas cumbres.

Por eso hay mayor preocupación de las personas y las autoridades. En el año 2008 se incluyó como una obligación dentro del sistema de población de impacto ambiental a los glaciares. En el 2009 apareció esta política de protección de glaciares de Conama con esta curiosa definición que glaciar es cualquier masa de hielo independiente de su tamaño y forma. Cualquier perenne, sin definir que es perenne, como en la agricultura, que es algo cuya duración es de tres años. Esta rara definición de Conama hace que manchas de nieve o incluso masas pequeñas que pueden durar de un año a otro sean consideradas glaciares. Esto hace virtualmente que toda la alta cordillera esté prohibida de intervención minera.

- ¿Qué nivel de certeza o experiencia le ha llevado a creer que es posible construir un glaciar?
- Nosotros hemos hecho cosas como trasladar una gran masa de hielo a otro lugar y ver producir la misma tasa de fusión en un ambiente natural. En la minera Andina trasladamos 32.000 m3 de hielo a un lugar especialmente preparado. Eso lo cubrimos con una carpeta de material rocoso inerte para evitar lo que ocurre cuando se traslada una masa de hielo que es la formación al interior de núcleos calientes. Éstos aceleran la temperatura de fusión de la masa de hielo.

Lo iniciamos en el 2007, al año siguiente la tasa de fusión era alta y el 2009 era de 16 cm. al año, idéntica a la tasa de fusión de un glaciar de roca vecino. Hay un enorme trabajo sobre conductividad térmica de los materiales, variantes de temperatura al interior, etc. Pero por un lado hemos logrado repetir o reproducir la tasa de fusión de una masa de hielo trasladada. Ese mismo mecanismo lo podríamos utilizar para un glaciar blanco.

* Colaboró en esta entrevista Raúl Arteaga Montesinos, Director Ejecutivo de GEQ Chile S.A.

Sentado sobre su escritorio se encuentra Javier Arancibia. Aunque su profesión es Biólogo, desde hace tiempo sintió un gran interés por estudiar sobre medio ambiente. Y concretó sus aspiraciones, logrando un Magíster en Educación Ambiental en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso.

Su tiempo se reparte entre labores en el departamento de Ecología, docencia, talleres y su rol como Director. Dice que la carrera renueva a las autoridades cada cierto tiempo, de esta forma “existe mayor dinamismo y oportunidades en la conducción de la Escuela”. Por otro lado, le gustaría que ésta fuera dirigida pronto por alguien que estudió allí, “espero que el próximo Director sea un Ingeniero Ambiental”, reconoce.

- Educación ambiental en Chile: ¿mito o realidad?
- Buena pregunta. Cuando desarrollé mi tesis sobre este tema había una cuestión que siempre me quedó dando vuelta. En realidad se habla mucho de educación ambiental, pero en lo concreto, en el sistema curricular no está inmerso. Para mí es un mito, pero cada día está tomando más fuerza, se está hablando del asunto. Creo que eso ya es un paso adelante. Quizás por el momento no sea un mito, sino una utopía.

- ¿Cree que debieran existir programas obligatorios en los colegios y universidades?
- Yo creo que sí. Cuando se habla de educación ambiental en el currículum, se entiende que debe tomar un sentido transversal, es decir, todos los profesores en algún momento de la asignatura deberían incorporar el tema ambiental. Así como el profesor de matemáticas enseña a resolver ejercicios aritméticos, debiera ocupar temática ambiental. Por ejemplo: cuánta energía diaria ahorra de una ampolleta cuando la apaga, porque no la está ocupando.

Pero, qué pasa. En matemáticas no se hace y no se realizan ejercicios donde se aplique la realidad chilena de la problemática energética. Otra asignatura, en Artes… también, en Educación Tecnológica, donde ya podría empezar a hablarse de las “ollas brujas”, secadoras de alimentos, etc. ¿Por qué no hay transversalidad? Porque debiera existir una asignatura formal de educación ambiental, obligatoria, que se encargue de tomar todos los ejes de la asignatura y generar esa transversalidad. Por otro lado, incorporar elementos prácticos. Si bien es cierto, la educación ambiental debe tener conocimientos básicos. No saco nada con decirle a un niño todos los días “este papel no se bota al suelo”, si no le digo por qué no se debe botar y qué debe hacerse.

- Una estudiante de la Universidad de La Frontera realizó una tesis sobre educación ambiental y parte de sus conclusiones apuntaban a que ésta es ineficiente en nuestro país, pues no existe claridad de conceptos y los docentes no tienen la capacitación para impartirla. ¿Cuál es su opinión?
- Quizás podemos enlazarla con la primera pregunta. Mito es mucha palabra. Me gusta más la palabra ineficiente. Ella a través de un estudio llegó a esta conclusión. Es ineficiente, porque no hay una unión entre la parte teórica y práctica. También es cierto que los conceptos no están bien entregados, porque los mismos profesores no los comprenden. No puedo pedirle a un profesor de Matemáticas o Artes, que entienda los conceptos al igual que uno de Ciencias. No es necesarios que ellos sepan lo mismo que éste último, sino que aprendiendo lo mínimo en cuanto a terminología puedan aplicarlo en su quehacer.

- ¿Hay alguna persona o institución en Chile que esté promoviendo la educación ambiental a nivel formal?
- Hay varias cosas que se están haciendo. De hecho, ya es bueno que exista una preocupación de preparar a profesionales en el ámbito de la educación ambiental. Hay universidades que están ofreciendo Magíster y yo creo que eso es insuficiente todavía. Hay talleres que están haciendo labores de educación ambiental en sus propios barrios, que se practica en lo local. Hay que tener un pensamiento global sobre los fenómenos ambientales. El caso que analicé en mi tesis fue la recuperación de espacios naturales, a través de educación ambiental no formal. En varios cerros se aplica mediante la reforestación, pero también se enseñan conceptos básicos del ambiente y se inicia una valoración de lo que se tiene. Conocer, valorar y conservar, esos son los principios.

La Conama también se está preocupando y ya está la Certificación Ambiental en los colegios, que me parece un avance. A nivel nacional, también tienen un encargado de medio ambiente. Hay instancias de participación que están preocupados. Tiene que haber un ente regulador, especialistas en esa área específica. Los colegios tienen que llenar un formulario e incorporar un programa de educación ambiental, se exige participación ciudadana y de la comunidad, tanto alumnos como profesores.

Hay instancias y voluntades, pero no pasan de acciones comunitarias, se necesita darle obligatoriedad al asunto…

- ¿Estamos solicitando legislación entonces?
- Yo creo que debe haber un cambio curricular. Tendría que haber una ley, que promueva formalmente la educación ambiental en los colegios. No sé si eso abrirá nuevas profesiones, como profesor de educación ambiental, ¿por qué tendríamos que temerle a eso?

- ¿Qué actividades realizaron como Escuela en el Día del Planeta?
- Nuestra escuela es bien movida en el ámbito ambiental. Los alumnos generan el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, hacen seminarios sobre el agua y seminarios energéticos. A nivel de profesores, nosotros hemos ganado dos fondos de protección ambiental. Y cuando es el Día de la Tierra también se hacen actividades, pero son menores.

- ¿Cuál es la línea direccional de contenidos para los alumnos de la Universidad de Valparaíso?
- Nosotros tratamos de dar una formación integral. Nos diferenciamos de la formación que la Universidad Santa María, porque ellos son especialistas en química ambiental, como la Universidad de Playa Ancha que considera más los procesos mineros. Nos parecemos más a la Universidad de Viña del Mar, que estamos referidos más a los recursos naturales, sin dejar de lado los procesos de transformación energética, que está tomando harta fuerza, y el manejo de residuos.

Los alumnos están preparados para realizar Declaraciones de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Gestión de Recursos y Líneas de Base. En todas las careras hay mejores estudiantes que otros, por formación familiar, pueden conseguir trabajo antes, o están más motivados. Sin embargo, tenemos estudiantes capaces de organizar un congreso nacional, si me preguntas tenemos personas capaces de enfrentar un debate, las tenemos.

- En el año 2002 se desarrolló la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, declarándose lo siguiente: “Mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, en la economía y en la sociedad. ¿Cómo lo ha hecho Chile?
- Muy lento. Hemos dado algunos pasos, pero pequeños. Si bien Chile ha firmado todos los protocolos y tratados habidos y por haber, creo que en el tema educativo hemos sido débiles. Tengo la esperanza que esto mejore.

- Le vuelvo a plantear el concepto de educación ambiental: ¿desafío o derrota?
- Un desafío, sin duda. En materias ambientales no podemos ser derrotistas. Si tú me dices que en el 2012 se va a acabar el mundo y la tasa de contaminación es tan alta, tú no puedes pensar así. Si se piensa así… ¿para qué existen los ingenieros ambientales, o los periodistas que transmiten todas estas noticias? Es un gran desafío. Lo mismo ocurre cuando consultan sobre Desarrollo Sostenible, ¿es una utopía o una realidad? Es lo primero si se mira como obstáculo, pero se ve como lo segundo si es presentado como necesidad. Si no hacemos esto ahora, estamos perdidos.

Es la banca, la que a través de una serie de procedimientos tendientes a medir los riesgos, la que le da “el vamos” a los proyectos de inversión, los condiciona y los sigue, actividades que ningún servicio público fiscalizador ambiental nacional podrá lograr jamás, debido a las propias inercias que el aparato público tiene. ¿Cuál es su secreto? Fácil: son las instituciones que dan financiamiento las que hacen viables los proyectos. Basta ver la discusión última que se ha producido entre la banca nacional y el sector salmonicultor, para dimensionar la relevancia que la banca puede tomar a la hora de dar viabilidad financiera a un determinado proyecto.

Dada la responsabilidad que la banca tiene en el desarrollo y continuidad de los proyectos de inversión, y a raíz de la necesidad que ésta tiene de incorporar la variable ambiental en sus análisis de riesgo, es que en 2003, 10 bancos, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC del inglés) del Banco Mundial, decidieron firmar un pacto voluntario llamado “Principios del Ecuador” (www.equator-principles.com), que busca internalizar dentro de sus decisiones corporativas el análisis ambiental y social de los proyectos que presentan sus clientes. Específicamente, incorporar en la financiación de proyectos un estándar para evaluar, determinar y administrar el riesgo socio-ambiental. El Banco Mundial reconoce que por el rol de las instituciones financieras, éstas tienen una significativa oportunidad en la promoción de una administración ambiental y socialmente responsable de aquellos proyectos que cuentan con su financiamiento.

Los Principios del Ecuador son 10 ejes que buscan dar a los proyectos a financiar por los bancos una serie de elementos de evaluación, los que van desde su categorización en cuanto a la magnitud de la intervención ambiental y social, hasta la propuesta de evaluaciones ambientales específicas y seguimientos acuciosos de sus proyectos financiados durante los tiempos de ejecución. Obviamente que estas metodologías -todas disponibles en la web de IFC (www.ifc.org/spanish)- serán aplicadas a proyectos donde la inversión sea igual o superior a los US$10 millones. Dado el monto, una cantidad muy relevante de proyectos queda fuera de la aplicación de esta metodología en nuestro país.

Al hacer un breve recorrido por las páginas web de nuestra banca nacional, podemos ver que básicamente se nombran los Principios del Ecuador como parte de la responsabilidad social corporativa de las instituciones financieras, sin que ello haya sido traspasado desde el discurso a una aplicación real y concreta, lo que permitiría que la banca chilena evaluara ambiental y socialmente los proyectos a financiar. O al menos así lo parece, pues esta afirmación, de que la aplicación de los Principios del Ecuador forman parte de su RSE, no se acompaña de hechos concretos que así lo demuestren. Adherir a los principios obliga a las instituciones financieras a reportar de manera pública sobre los métodos de implementación.

El único banco de capitales 100% chileno que ha firmado los Principios del Ecuador es Corpbanca. En su página web (www.corpbanca.cl) es posible apreciar que esta institución los suscribió hace dos años, aunque no especifica las acciones concretas con las que ha dado o dará cumplimiento alos mismos. Actualmente son 67 los bancos que han adherido este compromiso.

Los Principios del Ecuador establecen un procedimiento que, en resumen, consta de cuatro fases:

1. Identificación de la escala de los posibles impactos del proyecto en cuestión, de acuerdo
a tres categorías, A, B o C, de las cuales la categoría A implica el mayor impacto.

2. Evaluación ambiental y social para analizar los proyectos con mayores impactos, de la
que deriva un plan de acción para mitigar dichos impactos. El principal parámetro para evaluar los impactos son las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

3. Si los riesgos financieros, ambientales y sociales son aceptables, se otorga el préstamo al proyecto pero las condiciones del mismo incluyen que se siga el plan de acción diseñado.

4. Presentación de reportes públicos sobre cómo implementamos los principios.

Al adoptar estos ejes, el banco se compromete a otorgar préstamos sólo a aquellos proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar, a satisfacción del banco, su capacidad y disposición de cumplir con la totalidad de los procesos que buscan asegurar que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de gestión ambientalmente acertadas.

En los hechos, la adhesión a los Principios del Ecuador ha evolucionado desde 10 entidades bancarias internacionales, que los suscribieron en 2003, a 67 entidades bancarias que hoy lo suscriben, lo que representa el 75% del mercado global de préstamos sindicados para proyectos. En convergencia a lo que se aspira lograr mediante la aplicación de estos principios, están los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Es decir, la sociedad global va en esta dirección, por lo que nuestras entidades deben transformar estos principios en suyos, y hacerlos realidad y no sólo un discurso. Chile aspira a ser miembro pleno de la OCDE, entonces, ¿qué espera nuestra Banca para demostrar que estos principios están siendo plenamente aplicados en Chile?

Al finalizar, nos quedamos con el desafío de ver cómo están siendo aplicados los Principios del Ecuador en nuestro país. Veremos si la banca internacional, que tiene presencia en Chile, aplica estos principios con la misma vara que lo hace en sus países de origen.
Lo que queda claro es que la banca puede -y debe- ser un actor relevante a la hora de aspirar a que nuestra sociedad logre un desarrollo sustentable.

Existen otras importantes iniciativas que buscan promover una banca sustentable, como por ejemplo el proyecto Ecobanking (www.ecobanking.com) de Costa Rica, que tiene el patrocinio de la UNEP IF de Naciones Unidas (www.unepfi.org), proyecto que busca acercar a las instituciones financieras a la dinámica ambiental y social, capacitando e impulsando la idea de la creación de gerencias ambientales en los bancos, que tengan como objetivo internalizar la importancia de la sustentabilidad en las prácticas diarias del banco, y además evaluar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos a financiar, disminuir el riesgo y mejorar su desempeño ambiental.

Estas iniciativas son sumamente relevantes. Sin duda que si nuestra banca hubiese evaluado ambiental y socialmente los proyectos que pensaba financiar a sus clientes, hubiéramos esperado tener al menos los siguientes efectos en los proyectos de inversión:

1. Mejor calidad ambiental y social de los proyectos.
2. Menor riesgo para la banca, debido a que la temprana evaluación ambiental y social,
habría permitido proyectos sustentables en el tiempo, sin pasivos ambientales.
3. Disminución del costo de los proyectos, debido a que con un buen estudio inicial, se
habrían localizado en zonas adecuadas y con los tratamientos eficaces para la contención de los impactos.
4. Una buena imagen del banco en los grupos de interés.
5. Proyectos sustentables en el tiempo, amables con los vecinos y con el medio ambiente.
Desde este lado, queremos animar a la banca a incorporarse a los desafíos ambientales del presente y del futuro; a asumir con liderazgo la importante responsabilidad que tiene en la sustentabilidad ambiental de sus proyectos; a ser promotora del desarrollo de proyectos limpios; a promover políticas concretas en contra del calentamiento global.

La hemos visto proponer incentivos a la inversión y el consumo, pero ahora queremos verla trabajar agregando los incentivos para que la inversión incorpore los elementos que estimulan el desarrollo sustentable.